Qué es un Recurso de Amparo

Recuso de amaparo
de Estudio Themis, Emergencias Jurídicas de alta complejidad, el Martes, 20 de septiembre de 2011 a la(s) 0:19 ·
La reforma constitucional de l994 consagra especialmente los siguientes derechos:
el derecho a un medio ambiente sano;
el derecho a la igualdad ante la ley o el derecho a no ser discriminado;
los derechos del usuario y el consumidor.
Como garantía para su cumplimiento, la Constitución consagra el Recurso de Amparo, en su versión individual o colectiva.(arts.41 y 43 de la Constitución Nacional- Sección Nuevos Derechos y Garantías)
Las garantías son los medios o instrumentos a través de los cuales nos aseguramos el efectivo cumplimiento de nuestros derechos.
El Recurso de Amparo posibilita que, desde las mismas personas se logre que se reviertan las situaciones que redundan en un menoscabo en el ejercicio de los derechos ciudadanos.
El Recurso de Amparo es precisamente una garantía consistente en una acción judicial que es articulada por quien ve afectados sus derechos.
Se trata de un remedio rápido, desprovisto de formalismos que permite una rápida intervención de un juez, tendiente a hacer cesar cualquier acción u omisión que amenace, lesione o viole el derecho invocado por el o los afectados.
Para que pueda ser interpuesto no debe existir otro medio más idóneo para lograr el fin que se persigue. Por idóneo, se entiende que tenga la aptitud de lograr que quien se considere afectado logre recuperar la esfera de libertad que ha sido menoscabada en forma veloz.
El Recurso de Amparo puede ser interpuesto tanto contra actos de las autoridades, como contra actos de los particulares. Cuando se habla de acto se entiende también una omisión puesto que la falta de acción puede provocar una lesión de los derechos similar a una acción. Esta es una situación que se da especialmente en materia de preservación del medio ambiente, cuando no se cumplen determinadas obligaciones. En ese caso no sólo se verá afectado el ambiente sino también todas las personas que habitan en el marco de ese entorno.
Debe tratarse de un acto que afecte derechos y garantías que estén reconocidos en las constituciones, en los tratados internacionales o en las leyes. Nuestras leyes fundamentales han querido extender al máximo la esfera de los derechos cuya alteración puede dar lugar al Recurso de Amparo. Además, el acto debe ser ejecutado con arbitrariedad o con ilegalidad manifiesta. Arbitrario es lo que carece de razón de ser y que está rodeado de mala fe, ilegal es toda acción que se opone a lo que establece la ley.

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2. ¿Quiénes Están Legitimados para Interponer un Recurso de Amparo?
Existen dos tipos de Recursos de Amparo, el individual y el colectivo.
Se los distingue en función de quiénes pueden acceder a la justicia a través de estas acciones.
El Recurso de Amparo
Individual: es aquél que solamente puede ser interpuesto por quien ha sufrido un daño directo. Este perjuicio puede haberse provocado contra una persona o sobre sus bienes, como consecuencia de un acto u omisión determinados. El efecto negativo de este acto u omisión puede consistir en que quede restringido o vulnerado alguno de sus derechos o que exista una amenaza cierta de que ello ocurra. Precisamente, la prueba de que existe o pueda existir ese daño individual es una condición indispensable para que esta persona esté legitimada para actuar ante la justicia.
Colectivo: es una ampliación del Recurso de Amparo individual. Está relacionada con dos aspectos que permiten interponer un Recurso de Amparo. Ellos son los derechos afectados o restringidos y los sujetos legitimados.
Veamos cada uno de ellos:
Derechos afectados o restringidos
Esta garantía sirve para la protección de derechos de tercera generación, o de incidencia colectiva. Esta podrá ser utilizada para la defensa de los derechos del consumidor, el medio ambiente y la igualdad ante la ley.
Dichos derechos tratan de proteger una gama variada de intereses difusos cuya violación afecta a la ciudadanía en su conjunto o una porción de ella. Por intereses difusos entendemos aquellos intereses que no se sitúan en cabeza de un individuo, sino que se encuentran diseminados entre todos los integrantes de una comunidad.
Este aspecto plantea serias dificultades de tipo procesal en lo que hace a su defensa jurisdiccional. Es necesario determinar quién está legitimado para actuar ante la justicia, en circunstancias en que no se puede demostrar la existencia de un daño directo y donde además, los afectados no se encuentran relacionados por un vínculo previo y concertado. De todos modos, además perdura la necesidad de protección debida cuando ya ha habido un perjuicio, y queda en pie la dificultad de la protección preventiva, cuando el mismo no ha ocurrido, constituyéndose en una potencial amenaza.
Dadas sus características, la solución de esta dificultad ha venido de la mano de la defensa de los derechos del medio ambiente.
¿Cómo es posible asistir a la extinción de una especie o ser testigo o temer que el escape o la emanación de una industria pueda provocar un daño grave a la comunidad de la que uno forma parte sin poder actuar para evitarlo?
Dilemas como el anterior son constantes en el área de los derechos del medio ambiente.
Sujetos legitimados
Para dar respuesta ese tipo de problemas la Constitución de 1994 reconoce legitimación propiamente dicha a favor de tres sujetos:
El Afectado
El Defensor del pueblo
Las Asociaciones Registradas
El término afectado ha dado lugar a diferentes interpretaciones, en un sentido restringido se entiende por afectado a aquél que ha sufrido un daño personal, en un sentido amplio se piensa que la combinación de los términos afectado, y derechos de incidencia colectiva en general permite suponer una consagración de la legitimación para actuar de cualquier afectado en reclamo de derechos de incidencia colectiva.
La habilitación del Defensor del Pueblo es una resultante del papel que cumple como instancia pública de defensa de los intereses generales y como tal, está legitimado para actuar ante los tribunales en defensa del medio ambiente. Se trata de una figura designada por el Poder Legislativo, con plena independencia y autonomía funcional.
Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías tutelados por la constitución y las leyes ante hechos u omisiones de la administración; y el control de las funciones administrativas públicas, incluye la defensa de los intereses difusos y colectivos.
El Defensor del Pueblo puede actuar de oficio o a petición de un interesado. En cuanto a su legitimación en lo que al Recurso de Amparo se refiere, el Defensor del Pueblo cumple un rol fundamental para evitar que cualquier acción u omisión de autoridad pública o de particulares quede fuera del Amparo por falta de un “afectado” ya que, en la medida que afecte a la sociedad toda o parte de ella, él podrá interponer la acción correspondiente.
En cuanto a las Asociaciones Registradas, se impone esperar lo que la ley reglamentaria establezca. A nuestro modo de ver, el criterio que debería aplicarse es el de menor exigencia posible, de manera tal que se puedan aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen las organizaciones no gubernamentales como un vehículo extraordinario para la participación ciudadana.

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3. Antecedentes de Casos Resueltos en Materia Ambiental
Por sus características, el derecho ambiental ha abierto las puertas de la justicia para la interposición de un Recurso de Amparo colectivo. Veamos algunos ejemplos.
Caso Shroder: Nos referimos a una decisión de la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo, sala III, de septiembre de 1994 que estableció una primera interpretación del alcance de la legitimación que contempla la norma constitucional a los efectos de la defensa de intereses de tipo colectivo. Al respecto le reconoce legitimación a un vecino de Tres de Febrero, localidad que había sido elegida para la construcción de una planta de tratamiento de residuos peligrosos. El señor Schroder, nuestro vecino, entra dentro de la categoría de “afectado” y se considera válida su pretensión de anular el correspondiente procedimiento seguido por la Secretaría Nacional de Recursos Naturales y Ambiente Humano. En lo relativo a esto último la sentencia hace valer el derecho consagrado en el art. 41 de la Constitución Nacional. Asimismo considera, luego de una detallada fundamentación, que en dicho procedimiento no se ha cumplido con los requisitos de evaluación del impacto ambiental, ni de celebración de Audiencias Públicas, determinados en la ley 24.051 sobre residuos peligrosos.
Caso Seiler: Se trata de una decisión dictada por la Sala “D” de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, en agosto del ’95. En este caso la señora Leticia Seiler, vecina del barrio de San Telmo solicita que la Municipalidad de Buenos Aires tome las medidas necesarias para poner fin al estado en que se encontraba un inmueble próximo a su casa, el que, por sus condiciones, constituía una clara fuente de contaminación para toda la zona. Los jueces consideraron que la actora se encontraba legitimada para reclamar en tanto era innegable que lo que allí acontecía la afectaba de un modo directo.
Caso Moro: Este caso se refiere a un señor de apellido Moro quien acciona a través de un Recurso de Amparo junto con otros vecinos de la Ciudad de Paraná, contra la municipalidad de esta ciudad. La decisión es tomada por el Tribunal Superior entrerriano, a mediados del ’95. Los magistrados les reconocen legitimación a un grupo de personas que, en su calidad de ciudadanos y de vecinos próximos al lugar donde se está efectuando la construcción de un albergue deportivo, consideran dañinos para el ambiente los efectos que producirá dicho emprendimiento. En este caso se extiende la noción de ambiente a la defensa del patrimonio histórico y cultural, ya que la obra que se estaba efectuando atacaba el Parque Rivadavia en su fisonomía y modo de utilización y por ello producía un daño grave e irreparable (de llegar a su culminación) en el entorno “histórico-referencial” dentro del cual transcurre la existencia de la comunidad humana de la que los accionantes forman parte.
Caso Municipalidad de Vicente López c. Estado Nacional M.E.O. y S.P. Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones: Organo de Control de las Concesiones de la Red de Accesos a la Ciudad de Buenos Aires s/recurso de Amparo. En este caso se reconoció la legitimación al intendente de Vicente López, quien interpuso un recurso de Amparo para evitar la tala de árboles y la reducción de espacios verdes en el “Acceso Norte”. El actor fundó su legitimación en el artículo 41 que establece el deber de todo ciudadano de preservar el medio ambiente.

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